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Este 23 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Parque Bicentenario, uno de los espacios verdes más emblemáticos del norte de la Ciudad de México, será ahora administrado por la Secretaría de Cultura. La decisión marca el fin de una concesión otorgada a la empresa privada Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP S.A. de C.V., la cual gestionaba el espacio desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. El anuncio, hecho durante la conferencia matutina presidencial, pone sobre la mesa una nueva visión para este parque: convertirlo en un verdadero epicentro cultural y ambiental abierto a la ciudadanía.

La cancelación de la concesión no es casual. Fue motivada, entre otras razones, por el fallecimiento de los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas, un hecho trágico que encendió las alertas sobre las condiciones del parque bajo gestión privada. «No tiene sentido que haya una concesión«, dijo la mandataria, quien subrayó que el objetivo es que el parque opere en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México. El cambio se oficializó en el Diario Oficial de la Federación, donde se declaró el «rescate por causa de utilidad e interés público» del contrato de concesión.

La nueva administración tiene planes ambiciosos. Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, explicó que se comenzará con un inventario detallado del estado actual del parque, que abarca 55 hectáreas y contiene siete ecosistemas diferentes. Se trabajará junto a la Secretaría del Medio Ambiente para replantear su uso, enfocándose en un relanzamiento que combine el respeto ambiental con una oferta cultural robusta. El modelo será mixto: abierto al público, pero también con colaboración de promotores culturales que trabajen bajo estrictos lineamientos de Protección Civil.

Desde una perspectiva cultural, el Parque Bicentenario representa un lienzo en blanco. Su infraestructura y amplitud lo convierten en un espacio ideal para conciertos, festivales, ferias, exposiciones y otras expresiones artísticas que podrían revitalizar la zona y ofrecer una alternativa vibrante a los recintos convencionales. En palabras de Curiel, se trata de “fortalecer la parte pública de este lugar” y devolverle su función como punto de encuentro comunitario, especialmente importante en una ciudad que vive y respira cultura a diario.

 

Uno de los puntos más polémicos revelados por la funcionaria fue el monto de la concesión, apenas un millón y medio de pesos anuales por un espacio de altísimo valor estratégico, ambiental y cultural. “Es un lugar que tiene muchas oportunidades de lucro. Si bien hay un espacio público, gran parte es de renta”, criticó Curiel. Con esta nueva etapa, el gobierno busca no sólo recuperar un espacio físico, sino también garantizar que su vocación sea pública, accesible y, sobre todo, significativa para quienes hacen y disfrutan la cultura en México.

 

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